Jueves, 29 de Marzo de 2012 11:20 hrs.

El fútbol es el deporte más hermoso y debiera ser promotor de la amistad, de la unión y de la hermandad entre quienes lo practican o lo disfrutan como espectadores. Sin embargo, es un hecho de la causa que sus alternativas en la cancha pueden provocar ciertas pasiones que para algunos son más fuertes que su racionalidad.


De ahí que, en ocasiones y muy lamentablemente, se produzcan acciones que son reñidas con lo que debiera ser una práctica deportiva y que derivan en hechos de violencia delictual, los que a toda costa deben ser erradicados, tanto de las graderías como del entorno de los estadios y, obviamente, de lo que sucede en las canchas.


Por eso, el Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha tomado la decisión de priorizar, de entre tantos proyectos e iniciativas que lleva a cabo, la tarea de seguir todos los caminos necesarios para terminar con actos de violencia que ensucian la actividad y que, sin duda, contribuyen a alejar a los buenos hinchas y seguidores de sus equipos, especialmente a sus familias, de los recintos deportivos donde se juega un partido de fútbol.


De un tiempo a esta parte, hemos estado trabajando con las autoridades de Gobierno dedicadas a este tema y con Carabineros de Chile, que es la institución en definitiva responsable directa de hacer imperar la ley y el orden en el país, del que sus estadios no son ni pueden ser una excepción, para buscar caminos que conduzcan a la meta que todos queremos y, también, para identificar soluciones que nos permitan respirar con alivio cada vez que se va a producir un encuentro de esos que se han calificado como de "alta convocatoria".


Si países europeos, que tenían una alta incidencia de actos violentos en sus estadios y en sus vecindades -algunos con hinchadas particularmente dedicadas al caos y la destrucción, como Inglaterra, por ejemplo, con sus conocidos y malamente famosos hooligans- consiguieron lo que parecía imposible y hoy son escenarios de jornadas deportivas ejemplares, ¿por qué no nosotros, en nuestros estadios, no vamos a poder lograr lo mismo, en especial si se toma en cuenta que quienes protagonizan actos vergonzosos son apenas una minoría?


De las reuniones que hemos sostenido con esos funcionarios, entre los cuales debemos destacar la presencia, incluso, del ministro del Interior, han surgido algunas ideas que ya se han puesto en práctica y que están contribuyendo a aquietar los ánimos y a hacer entender que esta vez estamos actuando en serio y que nos disponemos a ir al fondo del problema, cueste lo que cueste, caiga quien caiga.


Sin embargo, nos parece que algunas iniciativas parlamentarias, sin duda bien intencionadas en cuanto a buscar el rechazo de la violencia que nos mortifica, van más allá de la lógica que debe imperar cuando se trata de legislar de manera justa y ecuánime. En ese sentido, parecieran no existir tales atributos cuando se pretende que los dirigentes del fútbol sean responsables solidarios de las acciones vandálicas que pudiesen registrarse antes, durante y después de los partidos, llegando inclusive a penalizarse a los directivos con el pago de los daños.


Los que estamos en esta actividad carecemos de las atribuciones y de los medios para controlar quiénes pueden y quiénes no deben ingresar a los recintos deportivos. Tampoco podemos aplicar medidas coercitivas contra los que, de manera imprevisible, causen daños a la propiedad pública o privada, ni mucho menos detenerlos.


Estimamos, entonces, que introducir modificaciones en esa dirección a la Ley de Violencia en los Estadios no sólo es injusto y carente de toda lógica jurídica, sino que además se podría estar responsabilizando de acciones delictuales a quienes no tienen cómo prevenirlas y, por ende, hasta cabría la discusión de que si una ley con tales preceptos pudiese hasta caer en el campo de la inconstitucionalidad.


Podría suceder, llevando la aplicación de una legislación tal a un extremo, que un hincha enfermizamente apasionado propinase un golpe a otro como producto de una acalorada discusión, causándole lesiones. En ese caso, un dirigente que está en su hogar viendo con su familia el partido por televisión o gozando de vacaciones en el extranjero tendría que concurrir a los tribunales acusado nada menos que de cómplice -responsable subsidiario- de esa golpiza.


Hemos propuesto, y espero que ello sea aprobado en una próxima reunión resolutiva del Consejo de Presidentes, que se ponga fin a toda relación barra-club, por tenue y lateral que ésta pudiese ser. Cualquier institución a la que se le comprobara dicha conexión sería castigada deportiva y económicamente con la pérdida de su pertenencia a la división en que esté compitiendo.


Esa medida sería una nueva demostración, clara y categórica, de que quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del fútbol profesional chileno estamos, sin lugar a dudas, a favor de que esta actividad deportiva sea, en efecto, una que unifique, amigue y hermane a todos los que gustan de gozar cada fin de semana de un espectáculo entretenido, sano y familiar. Este es uno de los ideales de nuestra administración y también de los clubes asociados, el que ciertamente comparten los habitantes del país, en especial los seguidores de este hermoso deporte.


SERGIO JADUE JADUE

PRESIDENTE DE LA ANFP



Columna publicada el jueves 29 de marzo en la sección Opinión, página A2, del Diario El Mercurio.